La Unión Europea contribuye a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo estableciendo disposiciones para la gestión de la cooperación descentralizada. La cooperación descentralizada se propone reforzar las capacidades de diálogo de las sociedades civiles de los países en vías de desarrollo con el fin de favorecer el surgimiento de la democracia. El Reglamento sobre la cooperación descentralizada se sustituye, a partir del 1 de enero de 2007, por el Reglamento por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo.
SÍNTESIS
El nuevo Reglamento (CE) n°
625/2004 modifica y prorroga hasta el 31 de diciembre de 2006 el Reglamento de base (CE) n°
1659/98 relativo a la cooperación descentralizada. El nuevo Reglamento introduce algunas modificaciones y precisiones en el texto básico. Especifica, en particular, que los protagonistas de la cooperación descentralizada no proceden solamente de los países en desarrollo sino también de la Comunidad Europea y añade otros tipos de organizaciones a la lista de socios. Tiene por objeto también favorecer la capacidad de diálogo de las sociedades civiles para que sean interlocutores válidos en el proceso democrático.
Iniciativas y acciones respaldadas
Las iniciativas y las acciones respaldadas por la Comunidad en el marco de la cooperación descentralizada son las acciones e iniciativas orientadas hacia la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible, en particular, en situaciones de asociación difícil, encaminadas a promover:
- un desarrollo más participativo, que responda a las necesidades y a las iniciativas de la población de los países en desarrollo;
- una contribución a la diversificación y el refuerzo de las sociedades civiles y a la democratización de estos países.
En este sentido, la Comisión debe tener en cuenta, al evaluar los proyectos y programas propuestos, los siguientes factores:
la pertinencia, la eficacia y la viabilidad de las acciones;
los aspectos culturales y sociales, los aspectos relativos a la igualdad entre los hombres y las mujeres, así como el medio ambiente;
el desarrollo institucional necesario para la realización de los objetivos de la acción;
la experiencia adquirida en el marco de acciones del mismo tipo;
las necesidades específicas de los países en los cuales la cooperación oficial no está en condiciones de contribuir significativamente a los objetivos de reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible.
Ámbitos prioritarios
Las acciones que han de llevarse a término se refieren prioritariamente a los siguientes ámbitos:
desarrollo de los recursos humanos y técnicos, desarrollo local, rural o urbano en los sectores sociales y económicos en los países en desarrollo;
información y movilización de los protagonistas de la cooperación descentralizada y participación en los foros internacionales con el fin de favorecer el diálogo para la aparición de la democracia;
apoyo al refuerzo institucional y al refuerzo de la capacidad de acción de estos protagonistas;
refuerzo de las redes de organizaciones y movimientos sociales que luchan por el desarrollo sostenible, los derechos humanos, en particular, los derechos sociales, y la democratización;
apoyo y seguimiento metodológicos de las acciones.
Socios
Con el fin de implicar a actores distintos de las organizaciones no gubernamentales tradicionales, la cooperación descentralizada y el apoyo financiero de conformidad con el presente Reglamento están abiertos a todos los participantes en la cooperación descentralizada de la Comunidad o los países en desarrollo, es decir:
los poderes públicos locales (incluidos los municipales);
las organizaciones de poblaciones autóctonas;
las agrupaciones profesionales;
los grupos de iniciativas locales;
las cooperativas;
los sindicatos;
las organizaciones representativas de los protagonistas económicos y sociales;
las organizaciones locales (incluidas las redes) que trabajan en el ámbito de la cooperación y la integración regionales descentralizadas;
las organizaciones de consumidores;
las organizaciones de mujeres o jóvenes;
las organizaciones de enseñanza, culturales, de investigación y científicas;
las universidades;
las iglesias;
las asociaciones o comunidades religiosas;
los medios de comunicación;
todo tipo de asociaciones no gubernamentales y fundaciones independientes capaces de aportar su contribución al desarrollo.
La participación en las licitaciones está abierta a todas las personas jurídicas de los Estados miembros y del país beneficiario que posean experiencia en desarrollo. Puede ampliarse a otros países en desarrollo. Estas organizaciones no han de poseer ánimo de lucro.
Disposiciones financieras
La dotación financiera para el período 2004-2006 asciende a 18 millones de euros. Para cada contrato se prevé un importe máximo de 100.000 de euros.
El acto original era aplicable hasta el 31 de diciembre de 2001 y su vigencia se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2006.
El apoyo financiero está constituido por ayudas no reembolsables y la autoridad presupuestaria autoriza los créditos anuales.
El Reglamento prevé contribuciones financieras distintas a las de la Comunidad Europea. Se solicita una contribución de los socios para cada medida de cooperación. Sin embargo, esta contribución tiene en cuenta los límites de las posibilidades de los socios así como de la naturaleza de los proyectos. También puede buscarse una cofinanciación con otros proveedores del fondos, en particular los Estados miembros.
Cualquier contrato de financiación celebrado en el marco del presente Reglamento puede estar sujeto a controles in situ por parte de la Comisión y el Tribunal de Cuentas, de conformidad acuerdo con las disposiciones comunitarias sobre este tema.
Medios de ejecución de las acciones
Los medios cubiertos por la financiación comunitaria para la ejecución de las acciones en el marco del presente Reglamento incluyen en particular:
estudios;
asistencia técnica;
acciones de información, formación u otros servicios;
suministros y obras;
auditorías;
misiones de evaluación y control;
los gastos de inversión (con exclusión de la compra de los bienes los inmuebles);
los gastos recurrentes, por ejemplos los gastos de administración, mantenimiento y funcionamiento.
Los suministros deben ser originarios de los Estados miembros, del país beneficiario, de otros países en desarrollo o, en casos excepcionales, de otros terceros países.
Función de la Comisión en la aplicación de las acciones
La Comisión está encargada de informar, decidir y gestionar las acciones contempladas por el Reglamento.
La Comisión también tiene una función coordinadora y debe garantizar la coherencia y complementariedad. La Comisión puede adoptar medidas de coordinación como:
la instauración de un sistema de intercambio y análisis sistemático de información sobre las acciones financiadas y cofinanciadas;
una coordinación en el lugar de la aplicación de las acciones, con reuniones regulares e intercambios de información entre los representantes de la Comisión y los Estados miembros en el país beneficiario.
Para la aplicación la Comisión cuenta con la asistencia de un Comité formado por los representantes del Estado miembros (Comité de cofinanciación ONG).
Informe anual y evaluación
En el informe anual al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la política de desarrollo, la Comisión resume las acciones financiadas, el impacto y los resultados, una evaluación independiente de la ejecución del Reglamento, así como información sobre los protagonistas de la cooperación descentralizada con los cuales se celebraron los contratos.
Además, la Comisión informa a los Estados miembros, en el Comité ONG, de las acciones y los proyectos aprobados, con indicación de su importe, su naturaleza, el país beneficiario y los socios.
Contexto
Anteriormente al Reglamento la Comunidad había adoptado numerosas medidas acerca de la cooperación descentralizada en materia de desarrollo. El principio se introdujo en el cuarto Convenio de Lomé en 1989 y se subrayó especialmente en el Reglamento (CEE) n°
443/92 del Consejo (derogado, a partir del 1 de enero de 2007, por el Reglamento por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo) relativo a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación económica con los países en desarrollo de América Latina y Asia. En 1992, la autoridad presupuestaria creó una línea presupuestaria destinada a promover este enfoque en todos los países en desarrollo.
El Reglamento debe enmarcarse en el contexto de la participación de los agentes no estatales en la política de desarrollo de la UE.
